San Juan del Río, Qro.– martes 9 de septiembre de 2025.
Mientras cientos de trabajadores municipales han sido despedidos en la actual administración panista de Roberto Cabrera, existen figuras políticas que parecen gozar de privilegios intocables, colocando a sus familiares en la nómina pública como si se tratara de una herencia de poder.
Uno de los casos más evidentes es el de la síndica Rosalba Ruiz Ramos, quien no solo se ha ganado la fama de ser déspota y soberbia en su trato con la gente, sino que además ha logrado acomodar a sus hijos dentro de la administración municipal en calidad de aviadores.
Su hijo, Abraham Corona, es señalado como un funcionario improductivo, sin aportaciones reales al servicio público y con una marcada costumbre de colgarse del trabajo de otros. Su presencia en áreas como las de adicciones ha sido criticada por convertir un espacio de atención ciudadana en una plataforma política.
La misma síndica no es discreta: asegura abiertamente que será la próxima presidenta municipal, mientras protege a sus familiares y lanza amenazas veladas a cualquiera que cuestione sus privilegios.
Otro de los personajes que se mueven bajo el mismo manto de impunidad es Gabriel Figueroa, quien cobra junto con su esposa del erario municipal, disfrutando de una vida cómoda a costa de los contribuyentes. Todo esto sucede mientras trabajadores municipales no tienen acceso a medicamentos, las calles están llenas de baches y abandono, y las finanzas parecen insuficientes para atender lo básico. Eso sí, las cuentas de restaurantes y lujos personales de este círculo cercano se pagan puntualmente con recursos públicos.
La administración de Roberto Cabrera, marcada por discursos de austeridad y supuesta eficiencia, exhibe cada vez más el verdadero rostro de un gobierno de élite, de compadres y familiares, donde el ciudadano común paga las consecuencias de los abusos, mientras los allegados al poder se reparten el botín municipal.
Al final, en San Juan del Río los despidos son para unos, los privilegios para otros. La ciudadanía sigue esperando un gobierno que sirva a la gente, no a los intereses personales de quienes hoy se sienten dueños del municipio.
