El Tribunal Superior de Justicia explicó que el juez modificó las medidas cautelares tras nuevos hechos imputados por la Fiscalía, lo que elevó el riesgo procesal en el caso del médico señalado por presuntos abusos en consultas médicas
El médico identificado como César “N” fue enviado a prisión preventiva justificada luego de que la Fiscalía incorporara nuevas denuncias por presuntos abusos sexuales a pacientes, incluidos adultos mayores, lo que derivó en un cambio en la valoración judicial del riesgo procesal.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra, explicó que la medida inicial de brazalete electrónico se dictó bajo el principio de que la prisión preventiva debe ser excepcional.
“La excepción siempre debe ser la prisión preventiva, es decir, se privilegia que la persona pueda seguir su juicio en libertad”, señaló.
Sin embargo, indicó que la situación cambió cuando la Fiscalía presentó nuevos elementos dentro de la investigación.
“Fiscalía se me informó, presentó hechos que se imputan adicionales y respecto de ellos, la persona juzgadora consideró que se cumplían los requisitos para dictar prisión preventiva”, explicó.
Guerra detalló que el juez valoró un incremento en el número de hechos atribuidos al imputado, lo que modificó el escenario inicial.
“Ya no se trataba solamente de uno o dos casos, sino que había más casos presentados por la Fiscalía”, afirmó.
El magistrado precisó que este tipo de decisiones derivan de lo que se denomina un “cambio de circunstancias”, lo que permite revisar las medidas cautelares previamente impuestas.
“Cuando se acreditan cambios de circunstancias y el juez los tiene por acreditados, entonces puede dictar una medida distinta”, añadió.
Asimismo, explicó que la decisión judicial también toma en cuenta evaluaciones técnicas de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), que determina niveles de riesgo.
“La UMECA emite una opinión que permite al juez valorar si existe riesgo alto, medio o bajo de que la persona se sustraiga de la justicia”, dijo.
El proceso continúa en etapa de investigación complementaria por un periodo de tres meses, antes de avanzar a la fase intermedia del procedimiento penal.
