Querétaro, Qro., Viernes 10 de Julio de 2026.- El Gobierno del Estado y el Municipio de Querétaro presentaron una propuesta de reforma a los reglamentos de Justicia Cívica y de Movilidad que busca agilizar la atención de accidentes viales menores mediante un Modelo de Convenio Digital, además de establecer sanciones para quienes, pudiendo hacerlo, no retiren sus vehículos de la vía pública tras un choque de baja intensidad.
Durante la presentación del proyecto, el asesor en Políticas Públicas del Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, explicó que la iniciativa pretende fortalecer la cultura de la civilidad vial ante el inicio de las obras del Tren México-Querétaro y disminuir el impacto que los incidentes menores generan sobre la movilidad de la ciudad.
“Las vialidades de Querétaro por unas cuestiones históricas, pues están como están y un accidente colapsa, no solamente donde se da el incidente, sino un radio importante a su alrededor“, señaló.
Indicó que actualmente, en numerosos accidentes donde únicamente existen daños materiales, la presencia de patrullas, ajustadores y otros involucrados termina generando congestionamientos mucho mayores que el propio percance.
“A veces los conductores no tienen seguro, a veces teniendo seguro no se arreglan y a veces en las vialidades donde hay un choque de dos vehículos, se juntan dos patrullas, dos de aseguradoras, (…) y tenemos un conflicto vial que pareciera que es otra cosa“, expresó.
La propuesta contempla modificaciones a 24 artículos del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro, enfocadas en fortalecer las facultades de jueces y procuradores cívicos, así como cambios a seis artículos del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito, relacionados con atribuciones de las autoridades, obligaciones ciudadanas, prohibiciones y procedimientos ante hechos de tránsito.
Granados Torres informó que las reformas ya fueron turnadas al Cabildo capitalino y actualmente se encuentran en análisis dentro de las comisiones correspondientes.
“En estos momentos se encuentran en discusión en comisiones y en los próximos días se resolverán“, comentó.
Explicó que, una vez aprobadas, las autoridades municipales podrán sancionar a los conductores que, después de que un policía registre un accidente menor, se nieguen a mover su vehículo cuando éste pueda circular.
“Un vehículo que se pueda mover y no se mueva nada más por la obstinación del conductor después de que se registre el reporte de tránsito (…) implicará una nueva facultad como multa contra la viabilidad o la vialidad“, indicó.
Como parte del proyecto también fue presentada la Plataforma de Convenios Viales, desarrollada por el Centro de Información y Análisis para la Seguridad (CIAS), que permitirá a los involucrados en un choque menor formalizar un acuerdo sin necesidad de esperar la intervención de ajustadores o autoridades, siempre que exista voluntad entre ambas partes.
La herramienta permitirá registrar los datos personales de los involucrados mediante un sistema de verificación digital, capturar la ubicación del accidente, integrar la información de los vehículos y las declaraciones de los conductores, para posteriormente generar un convenio respaldado por firmas electrónicas.
El documento incluirá la fecha de cumplimiento, las condiciones del acuerdo, la forma y lugar de pago, además de enviarse por correo electrónico a ambas partes. En caso de incumplimiento, la plataforma habilitará la posibilidad de solicitar una cita para continuar el procedimiento ante los juzgados cívicos.
Granados Torres destacó que el objetivo principal es que la mayoría de los accidentes que sólo resulten en daños materiales puedan resolverse entre los propios ciudadanos sin afectar la circulación y sin requerir la intervención de la autoridad.
“Lo más importante de todas estas modificaciones es que ahora el municipio está poniendo una plataforma a disposición de los ciudadanos para que cuando se llegue a este arreglo, cuando haya una conducta cívica, cuando no haya necesidad de ajustadores, mucho menos de la guardia cívica, de la guardia municipal (…) este convenio pueda tener una garantía ante el juez cívico, ante el procurador social“, concluyó.
