Corregidora, Qro., Domingo 12 de Julio de 2026.- El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero Trápala, volvió a impulsar su iniciativa para reformar el sistema de justicia para adolescentes, luego del asesinato de dos maestras ocurrido el 1 de abril de 2026 en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un estudiante de 15 años presuntamente disparó contra las docentes María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, quienes perdieron la vida.
El caso generó indignación a nivel nacional y reabrió el debate sobre las sanciones aplicables a menores de edad que cometen delitos de alto impacto. En días recientes, el alcalde sostuvo un encuentro con Francisco Delgado, esposo de María del Rosario Sagrero, quien ha encabezado el llamado para que el responsable enfrente una sanción más severa y para que se revise el marco legal vigente.
“Lo que estamos buscando es tratar de sensibilizar a la población de que hay una situación grave, que es real, el dolor de las víctimas y sobre todo la sensación o la percepción de una falta de justicia o de una situación de impunidad por la minoría de edad”, expresó Guerrero Trápala.
El edil agregó que incluso estudiantes de preparatoria le han manifestado estar de acuerdo con que existan sanciones más estrictas para quienes, siendo menores de edad, cometan delitos especialmente graves.
Las declaraciones ocurren después de que el alcalde presentara la iniciativa “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, primero ante el Congreso local y posteriormente ante el Senado de la República, con la intención de abrir un debate nacional sobre la legislación vigente.
La propuesta no busca que los adolescentes sean juzgados como adultos, sino reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para fortalecer las sanciones en casos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, desaparición de personas, violación, delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.
Entre los cambios planteados se encuentra ampliar el tiempo máximo de internamiento para adolescentes responsables de estos delitos, establecer evaluaciones periódicas sobre su nivel de reinserción y permitir que los jueces cuenten con mayores herramientas para individualizar las sanciones conforme a la gravedad del delito y al riesgo que represente el infractor, sin perder el carácter especializado del sistema de justicia para adolescentes.
Tras el doble homicidio en Michoacán, familiares de las víctimas han solicitado que el responsable sea procesado como adulto al considerar que las sanciones previstas actualmente son insuficientes. En ese contexto, Guerrero Trápala sostuvo que su iniciativa pretende responder a la exigencia social de justicia sin dejar de respetar los derechos de las personas menores de edad, mediante una actualización del marco legal para delitos de extrema violencia.
